Bukele descubre que gobernar es importante, pero anunciarlo sale más caro

EL PATO ELÉCTRICO | Investigaciones | 27 de octubre de 2026

El Salvador ha descubierto una nueva fórmula de administración pública: si un gobierno hace algo extraordinario, debe anunciarlo; si hace algo ordinario, también; y si no hace absolutamente nada, conviene contratar una agencia para explicarle a la población la importancia estratégica de semejante prudencia. Nayib Bukele, que antes de convertirse en presidente conocía el negocio publicitario, parece haber comprendido que la publicidad de una obra puede llegar a adquirir tanta importancia como la obra misma. La ventaja es evidente: construir una escuela requiere maestros, alumnos y aulas; anunciar una escuela exige solamente presupuesto, creatividad y una fotografía del presidente.

Una investigación de Infodemia, publicada el pasado 1 de octubre y difundida también por Chequeado, documentó que el Gobierno salvadoreño y numerosas entidades públicas adjudicaron al menos 76,61 millones de dólares en contratos de publicidad, comunicación y consultoría mediática entre junio de 2019 y julio de 2026. Los periodistas revisaron más de 2.154 procesos de contratación y reconstruyeron una red de adjudicaciones que alcanza a centenares de proveedores. La cifra constituye un mínimo documentado, no necesariamente la totalidad del gasto. Hay partidas cuya reconstrucción presenta dificultades debido a la reserva de información y a las limitaciones de los registros disponibles. El secreto administrativo, como puede observarse, también contribuye a preservar el misterio que tanto beneficia al espectáculo.

De acuerdo con la investigación, las adjudicaciones registradas durante los primeros siete meses de 2026 ascendieron a aproximadamente 19,68 millones de dólares, frente a una asignación de 500.000 dólares para el Programa de Erradicación de Pobreza consignada en el presupuesto nacional. Los conceptos no son directamente equivalentes ni representan todo el gasto social del país, pero la comparación merece atención. Para determinadas actividades públicas, los recursos parecen especialmente abundantes; para otras, el presupuesto exige un notable ejercicio de modestia. Si los pobres no desaparecen, al menos existe la posibilidad de que contemplen una excelente campaña institucional mientras esperan.

Entre las empresas que figuran en la documentación destaca APEX Publicidad, que acumuló adjudicaciones por unos 30,29 millones de dólares, según Infodemia. La investigación identifica además contratos con otras firmas y señala vínculos históricos entre una agencia contratista y la familia presidencial. Es importante distinguir los hechos: obtener contratos públicos no constituye por sí mismo un delito, y una relación empresarial anterior tampoco demuestra automáticamente corrupción. Pero cuando el dinero pertenece a los contribuyentes, las preguntas sobre los beneficiarios, los procedimientos de adjudicación y los posibles conflictos de interés son algo más que una extravagancia de periodistas malhumorados.

Uno de los capítulos más interesantes corresponde a la transparencia. La Presidencia salvadoreña mantiene reservada información relativa a sus gastos publicitarios y no registra determinadas compras directas en los portales públicos desde 2019, según documentaron los investigadores. La justificación administrativa de ciertas reservas resulta digna de un estudio filosófico: los ciudadanos pueden conocer las campañas financiadas con recursos públicos, pero no necesariamente todos los detalles de cuánto se gastó para que pudieran conocerlas. Es una versión singular del derecho a la información, donde el Estado habla mucho de sí mismo y bastante menos de sus facturas.

La investigación también examinó la contratación de publicidad en Diario El Salvador, un periódico oficialista que recibió 1,36 millones de dólares mediante 361 contrataciones estatales registradas entre octubre de 2020 y enero de 2024. Infodemia cuestiona, además, distintas publicaciones del medio por presentar información falsa, engañosa o fuera de contexto. La coexistencia de financiamiento publicitario público y contenidos favorables al gobierno plantea preguntas legítimas sobre independencia editorial, aunque corresponde analizar por separado las contrataciones y cada información cuestionada. La publicidad oficial debería comunicar servicios a los ciudadanos, no convertirse en una recompensa por el entusiasmo periodístico.

La cuestión trasciende ampliamente a Bukele. Los gobiernos latinoamericanos de derecha, izquierda y centro han mostrado, con admirable espíritu de concordia, una inclinación semejante a financiar campañas destinadas a explicar las virtudes de sus respectivas administraciones. La ideología cambia; el amor propio permanece. Unos anuncian revoluciones, otros anuncian órdenes nuevos y algunos prometen austeridad mediante campañas de considerable costo. Pocas cosas unen tanto a dirigentes ideológicamente enfrentados como la convicción de que su retrato merece una difusión adecuada.

Naturalmente, la publicidad estatal puede cumplir funciones necesarias. Las campañas de vacunación, prevención sanitaria, educación vial o información sobre servicios públicos tienen objetivos legítimos y pueden beneficiar directamente a la población. Lo que corresponde investigar es quién recibe los contratos, cómo se adjudican, cuánto cuestan, qué resultados producen y si sirven al interés general o a la promoción partidaria de quienes administran el presupuesto. El contribuyente tiene derecho a saber si está financiando información útil o colaborando involuntariamente con la construcción de una leyenda presidencial.

Bukele conserva una importante capacidad de comunicación política y sus partidarios pueden defender legítimamente los resultados que atribuyen a su gobierno. Pero ninguna popularidad sustituye las obligaciones de rendición de cuentas. Un presidente puede acumular millones de seguidores y seguir debiendo explicaciones por el gasto de un solo dólar público. La transparencia no es un premio reservado a los gobernantes impopulares, sino una obligación que alcanza también a quienes reciben ovaciones.

Al final, la investigación de Infodemia deja una pregunta menos espectacular que los videos presidenciales, pero bastante más importante: ¿cuánto dinero público debe gastar un gobierno para informar a los ciudadanos y en qué momento esa comunicación comienza a convertirse en propaganda del gobernante?

El Pato Eléctrico propone una solución modesta. Que todos los contratos de publicidad estatal sean públicos, que las campañas tengan objetivos verificables y que los funcionarios rindan cuentas de sus resultados. Si la administración funciona bien, seguramente los ciudadanos terminarán enterándose.

Y si funciona mal, siempre quedará la posibilidad de contratar otra agencia.

EL PATO ELÉCTRICO
Los hechos son sagrados. Los poderosos, no.

Nota de atribución: artículo de análisis y sátira basado en la investigación original de Infodemia, publicada el 1 de octubre de 2026. El Pato Eléctrico no se atribuye el descubrimiento ni la recopilación original de los contratos.