Francia manda las protestas a las afueras: la libertad de manifestación también tiene periferia

París, la ciudad que convirtió la revolución en patrimonio histórico y la protesta callejera en una tradición nacional, parece haber encontrado una nueva fórmula para gestionar el descontento: permitir que los ciudadanos se manifiesten, siempre que lo hagan suficientemente lejos de los lugares donde se toman las decisiones. Después de todo, una cosa es reconocer el derecho de protesta y otra muy distinta tener que escucharla desde una ventana ministerial.

Este sábado 31 de octubre, Francia afronta la tercera jornada consecutiva de movilizaciones impulsadas inicialmente por estudiantes de secundaria y ampliadas después a universitarios, organizaciones sindicales y los célebres chalecos amarillos. Sus reivindicaciones incluyen el encarecimiento de la vida, las deficiencias del sistema educativo y las condiciones de estudio. Problemas que no desaparecen por cambiar el recorrido de una manifestación, aunque quizá resulten menos incómodos cuando se trasladan al extrarradio.

La controversia más reciente se ha desarrollado en los tribunales. Los organizadores pretendían recorrer el tradicional trayecto entre la Bastilla y la plaza de la Nación, pero la Prefectura de Policía de París se opuso. El Tribunal Administrativo les dio inicialmente la razón el viernes 30 de octubre. Sin embargo, la Prefectura recurrió y, en la mañana del sábado, el Consejo de Estado anuló aquella decisión, dejando como recorrido autorizado el comprendido entre la puerta de Bagnolet y la puerta de Charenton.

Así lo confirmó LCP, el medio de la Asamblea Nacional francesa, mientras que Public Sénat examinó las objeciones sindicales y los argumentos de seguridad. En términos prácticos, los manifestantes conservan su derecho a caminar, pero no necesariamente a elegir por dónde. La libertad sigue en pie; simplemente ha cambiado de domicilio.

Setenta mil agentes y un Halloween poco festivo

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, no parece dispuesto a confiar la tranquilidad de la República a la buena voluntad de los manifestantes. Su cartera ha anunciado un despliegue de 70.000 policías y gendarmes, acompañado de unidades especializadas, vehículos blindados, helicópteros, drones y cañones de agua. Todo ello para una jornada en la que, oficialmente, el objetivo consiste en garantizar que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos sin episodios de violencia.

El Ministerio del Interior explica su dispositivo excepcional por el riesgo de disturbios y por los llamamientos violentos detectados en algunas redes sociales. Las autoridades también recuerdan los saqueos y enfrentamientos registrados durante la primera jornada de movilizaciones, el 17 de octubre. Son antecedentes relevantes: ni la libertad de manifestación ampara el vandalismo ni una reivindicación social justifica agredir a terceros.

Pero entre impedir la violencia y tratar a toda una multitud como una amenaza potencial existe una diferencia que merece mayor atención que cualquier desfile de vehículos policiales.

La celebración de Halloween ha añadido otro capítulo al problema. Algunos manifestantes han recurrido a disfraces de personajes históricos y superhéroes para expresar su protesta con humor. Las autoridades, preocupadas por el ocultamiento del rostro y por eventuales desórdenes, han advertido de las consecuencias legales que pueden derivarse del uso de máscaras en determinadas circunstancias.

La paradoja resulta difícil de superar: en Francia, un ciudadano puede disfrazarse de Napoleón para celebrar Halloween, pero si decide protestar contra el coste de la vida, su caracterización podría convertirse en asunto policial. Todo dependerá del contexto jurídico y de si el disfraz tiene la mala fortuna de coincidir con una manifestación.

El problema no es la protesta, sino lo que ocurre cuando deja de escucharse

Las organizaciones estudiantiles y sindicales consideran que los cambios de recorrido debilitan la visibilidad de sus reivindicaciones. El Ejecutivo, por su parte, insiste en la necesidad de proteger comercios, edificios públicos y ciudadanos frente a eventuales disturbios. Ambas preocupaciones merecen consideración, pero no poseen idéntica naturaleza: el orden público es un fin legítimo de la actuación estatal; la libertad de reunión pacífica es, además, un derecho fundamental cuya restricción exige justificación y proporcionalidad.

La juventud francesa reclama respuestas sobre educación y poder adquisitivo. El Gobierno responde con propuestas sectoriales, vigilancia reforzada y una batalla judicial sobre el itinerario de las marchas. No se trata necesariamente de medidas incompatibles, aunque el contraste transmite una curiosa imagen de las prioridades del momento: el precio de la vida sigue aumentando, pero al menos el recorrido de la protesta está perfectamente delimitado.

En una democracia, los poderes públicos deben garantizar tanto la seguridad como el ejercicio efectivo de las libertades. Y los manifestantes, por su parte, tienen la responsabilidad de preservar el carácter pacífico de sus reivindicaciones. Ninguno de estos deberes desaparece cuando aumentan las tensiones.

Francia conoce demasiado bien el valor histórico de la protesta como para convertirla en una simple cuestión de circulación urbana. De la Revolución de 1789 a las movilizaciones contemporáneas, la calle ha formado parte del debate público francés, para disgusto de numerosos gobiernos de distintas épocas.

Quizá la lección de este Halloween sea que las autoridades temen menos a los fantasmas que a los ciudadanos descontentos. Los primeros desaparecen cuando termina la fiesta. Los segundos, generalmente, esperan respuestas.