Trump abre la guerra de los pastores: para ser cristiano ahora hay que pasar por el comité republicano

WASHINGTON. — Después de dos mil años de historia, varios concilios ecuménicos, incontables controversias doctrinales y una Reforma protestante, el cristianismo estadounidense ha encontrado finalmente una autoridad dispuesta a resolver sus diferencias: el comité electoral republicano. La noticia llega en vísperas de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, cuando un grupo de pastores protestantes que aspiran al Congreso bajo las siglas demócratas ha provocado una notable agitación entre sectores del conservadurismo religioso. La gravedad del acontecimiento merece una explicación: algunos ministros cristianos han cometido la imprudencia de defender la atención sanitaria, los derechos de los inmigrantes y mejores condiciones salariales, sin solicitar previamente una autorización ideológica a Donald Trump. El presidente y varios de sus aliados han respondido cuestionando sus credenciales religiosas, inaugurando así una nueva etapa de la teología política estadounidense en la que la salvación continúa siendo asunto de Dios, pero la autenticidad del creyente parece requerir una revisión electoral.

El episodio no constituye una exageración humorística. Trump acusó al pastor metodista Adam Hamilton, candidato demócrata al Senado por Kansas, de burlarse de Jesús, mientras otros dirigentes republicanos han dirigido cuestionamientos semejantes contra aspirantes protestantes de distintas denominaciones. La información fue documentada por Religion News Service y por la prensa estadounidense durante octubre. Hamilton, fundador de una importante comunidad metodista y autor de numerosos libros sobre cristianismo, parece haber cometido un error de cálculo: dedicar varias décadas a la predicación y al estudio de las Escrituras, cuando aparentemente habría resultado más sencillo inscribirse en el partido adecuado. Su trayectoria pastoral no ha desaparecido, naturalmente, pero para ciertos examinadores políticos ha adquirido un defecto que ningún seminario teológico podría subsanar: aparece en la papeleta con una identificación demócrata.

La polémica revela una transformación inquietante de la vida pública estadounidense. Ya no basta con discutir si las propuestas de un candidato son eficaces, financiables o compatibles con la Constitución; algunos dirigentes prefieren resolver previamente si su adversario merece el nombre de cristiano. El Parlamento, concebido para legislar sobre los asuntos de la república, amenaza así con convertirse en una institución auxiliar de certificación religiosa. Resultaría interesante conocer qué autoridad teológica poseen los responsables de campaña para revisar ordenaciones pastorales, interpretar confesiones históricas o determinar quién profesa legítimamente el Evangelio. Hasta ahora, las iglesias protestantes habían organizado estos asuntos mediante sus propias tradiciones doctrinales y eclesiásticas. La innovación republicana podría ahorrar considerables gastos en facultades de teología: bastaría con consultar el resultado de las primarias.

La nueva Reforma: Martín Lutero necesitaría una tarjeta MAGA

La ironía adquiere especial profundidad cuando se examina la historia religiosa de los protagonistas. Entre los candidatos cuestionados figuran ministros vinculados a tradiciones metodistas, presbiterianas y luteranas, confesiones con siglos de elaboración teológica y estructuras eclesiales propias. Sarah Trone Garriott, ministra luterana y aspirante demócrata en Iowa, fue incluida entre los religiosos criticados por Joe Mitchell, candidato republicano que popularizó la expresión pastors in name only, es decir, pastores únicamente de nombre. El concepto constituye una aportación verdaderamente revolucionaria a la eclesiología: la ordenación ministerial, la formación religiosa y el ejercicio del pastorado podrían quedar anulados mediante una declaración electoral pronunciada ante una audiencia conservadora. Es una solución de admirable sencillez burocrática, aunque difícilmente habría satisfecho a quienes dedicaron siglos a discutir el significado de la autoridad eclesiástica.

La tradición protestante sostiene diferentes concepciones del ministerio, la interpretación bíblica y la relación entre Iglesia y sociedad. Esa diversidad no es una deficiencia accidental que deba corregirse mediante una campaña publicitaria, sino una realidad histórica reconocible desde la Reforma. Pretender que una determinada corriente político-religiosa posea autoridad para decidir quién puede llamarse cristiano introduce una confusión entre ortodoxia confesional y disciplina partidista. Los dirigentes conservadores tienen pleno derecho a defender sus interpretaciones teológicas y a discrepar de las posiciones progresistas; lo que merece escrutinio es la utilización de esas diferencias como mecanismo para desacreditar la legitimidad religiosa personal del adversario. Martín Lutero no necesitó una tarjeta republicana para formular sus tesis, aunque cabe imaginar las dificultades que habría encontrado si alguno de los actuales guardianes electorales hubiera decidido examinar previamente sus antecedentes políticos.

En Texas, James Talarico, vinculado a la tradición presbiteriana, ha sido objeto de ataques semejantes por sus interpretaciones religiosas y sus posiciones sociales. Su adversario republicano, Ken Paxton, ha presentado algunas de sus ideas como incompatibles con el cristianismo histórico. También en Iowa, la pastora Lindsay James ha recibido cuestionamientos sobre su condición ministerial. Religion News Service documentó cómo estas acusaciones se extendieron durante la campaña, en ocasiones acompañadas de expresiones cercanas a la denuncia de blasfemia. La discusión recuerda menos a una competencia entre programas legislativos que a una controversia doctrinal administrada por expertos en publicidad negativa. Los ciudadanos buscan representantes para resolver problemas públicos; algunos candidatos parecen más interesados en nombrar examinadores del alma ajena.

Los profetas de Mar-a-Lago y la teología del poder

La guerra de pastores no surge en el vacío. Durante los últimos años, determinadas redes del nacionalismo cristiano estadounidense, incluidas corrientes carismáticas y neopentecostales favorables a Trump, han desarrollado una concepción providencial de su liderazgo. En esos ambientes, el presidente no aparece únicamente como un dirigente elegido mediante procedimientos constitucionales, sino como una figura investida de una misión espiritual extraordinaria. La retórica política se mezcla con referencias proféticas, batallas contra fuerzas malignas y afirmaciones acerca de un destino nacional querido por Dios. No todas las iglesias pentecostales comparten estas ideas, ni existe una única doctrina política dentro del evangelicalismo; el fenómeno corresponde a sectores identificables cuya influencia merece ser examinada precisamente por la importancia pública que han adquirido.

La mezcla entre providencialismo y poder estatal plantea una dificultad particularmente seria. Si un gobernante es presentado como instrumento privilegiado de la voluntad divina, sus decisiones pueden adquirir para sus seguidores una protección moral que ninguna autoridad constitucional debería disfrutar. El desacuerdo político corre entonces el riesgo de dejar de ser una diferencia legítima entre ciudadanos para convertirse en una manifestación de hostilidad espiritual. El adversario ya no se equivoca simplemente sobre impuestos, inmigración o política exterior: se encuentra del lado incorrecto de una batalla entre el bien y el mal. Es un procedimiento retórico extraordinariamente económico, pues permite prescindir de las complicadas tareas de demostrar, argumentar y negociar. Basta con atribuir al propio candidato una misión celestial y esperar que la Providencia no solicite una auditoría de sus promesas.

La utilización de imágenes religiosas para legitimar la guerra contra Irán ofrece otro ejemplo del fenómeno. Una investigación de Reuters publicada en abril de 2026 documentó cómo dirigentes evangélicos aliados de Trump emplearon referencias cristianas para respaldar la intervención militar estadounidense, presentándola en términos de lucha moral y destino bíblico. La fe puede inspirar legítimamente reflexiones sobre la seguridad, la justicia y la protección de las poblaciones amenazadas. Otra cosa es revestir decisiones estratégicas de una certeza sagrada que dificulte examinar sus fundamentos, sus límites y sus consecuencias humanitarias. Una operación militar no se transforma en acto de caridad porque un predicador la anuncie desde un púlpito, del mismo modo que una política económica no adquiere infalibilidad por terminar con una oración.

El problema tampoco puede reducirse a una disputa entre cristianos conservadores y progresistas. Una democracia constitucional debe permitir que ambos participen libremente en la vida política, con iguales derechos y obligaciones. Lo que resulta incompatible con el pluralismo es pretender que la identidad nacional dependa de una interpretación religiosa específica o que las instituciones públicas deban favorecer a quienes la comparten. La Primera Enmienda estadounidense protege la libertad de religión y prohíbe el establecimiento de una confesión oficial. Esa arquitectura constitucional no fue diseñada para impedir que los creyentes ejerzan cargos públicos, sino para evitar que el Estado se convierta en administrador de la conciencia religiosa. Convertir al presidente en árbitro de la autenticidad cristiana supone, cuando menos, una peculiar interpretación de esas garantías.

De la soberanía popular a la certificación del Espíritu Santo

Las dimensiones del nacionalismo cristiano estadounidense justifican que el debate no se trate como una simple colección de extravagancias pastorales. Un estudio del Public Religion Research Institute publicado en febrero de 2026 encontró que el 56 % de los republicanos encuestados se situaba entre los partidarios convencidos o simpatizantes de ese conjunto de ideas. La investigación no demuestra que esas personas compartan todas las interpretaciones carismáticas favorables a Trump ni que rechacen necesariamente la democracia electoral. Sí revela la presencia significativa de concepciones que relacionan la identidad estadounidense con la religión cristiana y atribuyen a esta una posición privilegiada en la organización del país. Los resultados ofrecen un motivo para examinar cuidadosamente cómo se articulan las lealtades religiosas, las preferencias partidistas y las actitudes hacia los límites del poder.

Las elecciones del 3 de noviembre se celebran en un contexto de intensas discrepancias sobre el costo de la vida, la inmigración, la guerra y las facultades de la Presidencia. Sin embargo, parte de la controversia política ha derivado hacia una pregunta de singular inutilidad legislativa: quién posee autorización para presentarse como cristiano. Los habitantes de Kansas pueden necesitar respuestas sobre atención sanitaria o producción agrícola; los de Texas enfrentan debates sobre sus servicios públicos y su economía; los ciudadanos de Iowa deben evaluar a quienes aspiran a representarlos en Washington. Nada de ello requiere que un comité de campaña revise previamente la validez espiritual de un ministro luterano, metodista o presbiteriano. El Congreso cuenta con suficientes asuntos pendientes como para añadir a su agenda la administración de las llaves del Reino de los Cielos.

La gravedad de esta deriva reside en el desplazamiento de la discusión pública desde las competencias de los candidatos hacia sus identidades religiosas. Cuando un dirigente cuestiona la autenticidad de la fe de su adversario en lugar de discutir sus propuestas, puede contribuir a presentar la diferencia política como una división moral absoluta. Esa forma de confrontación reduce los espacios para el compromiso institucional y favorece una visión en la que la victoria electoral aparece como una obligación espiritual, mientras la derrota puede interpretarse como una amenaza existencial. La democracia necesita partidos capaces de competir con firmeza y ciudadanos dispuestos a expresar convicciones profundas; también requiere aceptar que ninguna organización posee el monopolio de la virtud ni puede reclamar autoridad definitiva sobre la conciencia de los demás.

Dios no ha solicitado su inscripción electoral

La participación de pastores protestantes en las candidaturas demócratas ha puesto de manifiesto que el cristianismo estadounidense continúa siendo una realidad diversa, con tradiciones históricas que no pueden reducirse a una sola orientación partidista. Sus protagonistas defienden propuestas diferentes y deben responder por ellas ante los electores, como cualquier otro aspirante a un cargo público. La novedad no consiste en que la fe haya aparecido súbitamente en la política, pues siempre ha formado parte de la vida pública estadounidense, sino en la reacción de quienes parecen considerar que su presencia legítima depende de una determinada alineación electoral. La disputa revela una pretensión de exclusividad que resulta especialmente contradictoria en una sociedad fundada sobre libertades religiosas protegidas constitucionalmente.

La confrontación también muestra que los pastores pueden convertirse en protagonistas de campañas intensas sin que ello autorice a confundir su ministerio con sus candidaturas. Ser ministro religioso no garantiza capacidad legislativa, del mismo modo que pertenecer a una determinada iglesia no constituye una prueba de idoneidad para gobernar. Los electores tienen derecho a examinar los programas de Hamilton, Talarico, Garriott o James, valorar sus propuestas y preferir legítimamente a otros candidatos. Pero la competencia debería centrarse en las decisiones públicas que adoptarían desde sus cargos y no en certámenes destinados a establecer quién ha interpretado mejor la voluntad celestial. La religión merece libertad; la política, fiscalización. Mezclar ambas competencias hasta hacerlas indistinguibles puede resultar extraordinariamente rentable para una campaña, pero difícilmente favorece la deliberación democrática.

Donald Trump ha contribuido personalmente a esta controversia al cuestionar la fe de determinados candidatos demócratas. Sus declaraciones se suman a las de aliados que presentan las diferencias religiosas como descalificaciones políticas, en un ambiente donde algunas corrientes nacionalistas cristianas atribuyen al mandatario un significado providencial. La responsabilidad de los dirigentes públicos consiste precisamente en evitar que las discrepancias legítimas se conviertan en instrumentos de exclusión. Estados Unidos dispone de una tradición constitucional suficientemente sólida para que sus ciudadanos puedan debatir las enseñanzas de sus iglesias sin necesidad de someterlas a la aprobación del Ejecutivo. Lo contrario sería convertir la libertad religiosa en un privilegio condicionado por la proximidad al poder.

A pocas horas de los comicios, la república estadounidense ofrece así una escena que habría resultado difícil de imaginar en una facultad de derecho constitucional: candidatos a legisladores discutiendo sus credenciales cristianas mientras la Presidencia participa en la controversia y algunos grupos religiosos invocan misiones divinas para justificar sus preferencias políticas. Los ciudadanos deberán decidir quién los representa en el Congreso, pero ciertos protagonistas parecen interesados en añadir una segunda consulta sobre la distribución de la autoridad espiritual. Tal vez convendría recordar que las urnas fueron construidas para recibir papeletas y no certificados de bautismo, y que ninguna mayoría parlamentaria está facultada para decidir quién interpreta correctamente los Evangelios.

La guerra de pastores podrá continuar después del escrutinio. Trump y sus aliados podrán seguir defendiendo sus convicciones, mientras los ministros que discrepan de ellos conservarán el mismo derecho a predicar, presentarse a elecciones y participar en la vida pública. La Constitución no exige coincidencia doctrinal entre sus ciudadanos, por más que algunos políticos parezcan considerar esa diversidad una lamentable falta de disciplina nacional.

Por fortuna, Dios no necesita ganar unas primarias, financiar un comité electoral ni solicitar una credencial republicana para seguir siendo Dios. Y, hasta donde se sabe, tampoco ha designado a Donald Trump como director de su oficina de recursos humanos.

El Pato Eléctrico — Periodismo satírico independiente. La crítica se dirige a declaraciones y prácticas de dirigentes políticos y religiosos que vinculan la autenticidad cristiana con la adhesión partidista. No implica que todos los evangélicos, pentecostales, neopentecostales o republicanos compartan dichas posiciones.

Fuentes: Religion News Service, 22 de octubre de 2026; Religion News Service, 4 de agosto de 2026; Reuters, 8 de abril de 2026; PRRI, 17 de febrero de 2026.